El Gobierno ha anunciado que insistirá en el Senado con la reforma que busca ampliar el plazo de detención para la expulsión administrativa de inmigrantes irregulares. Esta medida, según el vicepresidente Claudio Alvarado, es clave en la política migratoria del país. El objetivo es dar más tiempo a las autoridades para procesar casos de inmigración irregular, lo que, según el gobierno, mejorará la eficiencia en la gestión de estos asuntos.
La propuesta se enmarca en una serie de ajustes a la legislación migratoria que el Ejecutivo ha promovido en los últimos meses. Alvarado destacó que esta extensión permitirá una mejor coordinación entre las instituciones responsables y evitará la acumulación de casos pendientes. Aunque no se ha establecido un plazo exacto, se espera que la reforma entre en vigor en el primer semestre del próximo año.
El debate sobre la política migratoria sigue siendo un tema sensible en el país. Mientras el gobierno defiende que la medida fortalece el control fronterizo, críticos señalan que podría afectar los derechos de los inmigrantes en situación irregular. La propuesta aún debe ser aprobada por el Senado antes de su implementación.
