Manifestaciones masivas se organizan en España tras el rechazo en el Congreso de dos decretos gubernamentales relacionados con la vivienda. Los movimientos sociales exigen reformas en las políticas de vivienda y una mayor protección para los alquileres. Las protestas incluyen llamados a una huelga general y críticas a los precios de compra y arrendamiento.
Las movilizaciones están previstas en más de 50 ciudades, donde los activistas piden una revisión de las medidas económicas que afectan a la población. Los manifestantes denuncian la escasez de vivienda asequible y el aumento de los precios en el mercado inmobiliario. La huelga general se convierte en una herramienta clave para presionar al gobierno.
La situación refleja una creciente insatisfacción con las políticas económicas actuales. Los sectores más afectados son los alquileres y la compra de vivienda, donde los precios han subido significativamente. Las protestas son parte de un contexto más amplio de tensión social en el país, donde la vivienda es un tema central en las discusiones políticas.
