Los disturbios en Francia se intensificaron durante el fin de semana, con un aumento significativo en el número de detenidos y heridos entre las fuerzas de seguridad. Según el Gobierno, al menos 2000 personas fueron arrestadas y 500 policías resultaron heridos durante las protestas, que se extendieron por varias ciudades del país. Las manifestaciones, convocadas por diversos colectivos, degeneraron en saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía, causando daños considerables en infraestructuras públicas y comercios.

El Ayuntamiento de Limoges fue uno de los destrozos más visibles, con su edificio calcinado tras un incendio provocado por los manifestantes. La Prefectura informó que el fuego fue controlado, aunque el daño material es considerable. En París, Marsella y Lyon, los alcaldes criticaron al Gobierno por la respuesta policial, señalando que el dispositivo no logró contener la violencia. Algunos agentes reconocieron que "algo ha fallado" en la gestión de las protestas.

Las protestas, que reúnen a estudiantes, trabajadores y colectivos sociales, se han convertido en un tema de debate nacional. El Gobierno ha condenado los actos violentos, afirmando que "nada justifica estos actos", y ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad. Aunque las cifras de detenidos varían entre fuentes, el consenso es claro: la violencia urbana ha alcanzado niveles preocupantes, poniendo a prueba la estabilidad social del país.