El gobierno chileno ha confirmado su intención de insistir en el Senado con el proyecto de reforma migratoria que busca ampliar la retención de migrantes irregulares para concretar expulsiones. La iniciativa, rechazada por la Cámara de Diputados, fue respaldada por el Presidente José Antonio Kast, el ministro Martín Arrau y el vicepresidente Claudio Alvarado. El gobierno considera que la medida es "fundamental" para su política migratoria.
El proyecto busca permitir a las autoridades retener a migrantes irregulares por más tiempo antes de decidir si los expulsa. Esta propuesta ha sido criticada por algunos sectores por su posible impacto en los derechos humanos. Mientras tanto, el Partido Popular (PP) también ha acelerado su propia reforma de la Ley de Extranjería, buscando corregir la interpretación de una sentencia del Supremo que, según el gobierno, ha facilitado la entrada masiva de migrantes en ciertas zonas.
Aunque el debate en el Senado aún no ha comenzado, la presión por una respuesta más estricta a la migración se intensifica. El PP ha llevado su propuesta al Senado con la intención de forzar una votación, mientras el gobierno sigue insistiendo en su propia iniciativa. La situación refleja una polarización creciente en el ámbito legislativo sobre cómo abordar la migración en el país.




























