El exministro de Justicia, Gómez, enfrenta una crisis interna en el gobierno tras rechazar firmar más de 500 decretos de rebaja de condena. Esta decisión, tomada hace más de una década, generó un conflicto con la Suprema Corte y marcó un punto de inflexión en su carrera. El actual ministro, Fernando Rabat, ha cambiado el criterio del Ejecutivo para entregar este beneficio, lo que ha generado tensiones dentro del gabinete.
La oposición ha exigido al Presidente José Antonio Kast la remoción de Rabat, acusándolo de una "tardía" respuesta en la aplicación de las rebajas de condena a abusadores de menores. Las colectividades han anunciado la preparación para presentar una Acusación Constitucional, denunciando la "indignante decisión" del ministerio. Esta presión se intensifica tras el ejemplo del exministro Gómez, quien fue acusado de desacato y prevaricación, pero nunca cedió ante las autoridades.
La situación refleja un desacuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la aplicación de medidas de rebaja de condena. Mientras el exministro Gómez se negó a firmar los decretos, el actual ministro ha modificado el enfoque, lo que ha generado críticas desde la oposición. Esta tensión podría afectar la estabilidad del gobierno y la confianza en las instituciones. La decisión de Kast sobre la permanencia de Rabat será clave para resolver el conflicto.
