El presidente José Antonio Kast fue requerido por la oposición para que remueva al ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a la demora en la aplicación de rebajas de condenas a abusadores de menores. La oposición considera que la respuesta del ministerio fue "tardía" y ha anunciado la preparación de una Acusación Constitucional por la "decisión indignante".
Las colectividades han señalado que el ministro no ha cumplido con su deber de acelerar el proceso de rebajas, lo que ha generado críticas en el ámbito político. La decisión de Rabat de cambiar el criterio del Ejecutivo ha generado una crisis interna al gobierno.
Esta situación recuerda a un episodio similar ocurrido hace más de una década, cuando un exministro, Gómez, se negó a firmar más de 500 decretos de rebaja de condena, lo que lo llevó a una confrontación con la Suprema Corte. Aunque Gómez fue acusado de desacato y prevaricación, no cedió ante las presiones. La situación actual con Rabat muestra una tensión similar, pero con un contexto político distinto.
La oposición espera que el presidente actúe rápidamente para resolver la crisis, mientras que el ministerio se defiende alegando que el proceso requiere una evaluación cuidadosa. La tensión entre el Ejecutivo y la oposición sigue siendo un factor clave en la estabilidad política del país.
