Los parlamentarios presentaron una acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat. Esta es la primera acción de este tipo contra un ministro del gobierno de Kast. La iniciativa surgió tras una sesión especial marcada por controversia. El ministro defendió la aprobación de 56 decretos que redujeron penas a condenados por agresiones sexuales contra menores.
La acusación se basa en la argumentación de que los decretos violan el derecho a la integridad física y sexual. Los parlamentarios sostienen que la reducción de penas no refleja el daño causado a las víctimas. El ministro respondió que las medidas buscan un enfoque más proporcional.
Este caso refleja una tensión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La polémica sobre los decretos ha generado debates públicos. La acusación constitucional podría llevar a una revisión judicial. La situación sigue en desarrollo.
