El ministro de Justicia chileno, Fernando Rabat, enfrenta presión política tras la decisión de reducir las condenas de 56 personas acusadas de abusos sexuales a menores. La medida, anunciada recientemente, ha generado críticas en el ámbito político, especialmente por parte de la oposición, que exige su remoción. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, participó en una entrevista donde explicó una reforma constitucional para evitar que se repitan casos similares.
La oposición ha emitido un llamado al presidente José Antonio Kast para que retire a Rabat, considerando que su respuesta fue "tardía" y que la decisión es "indignante". Las colectividades preparan la presentación de una Acusación Constitucional contra el ministro. El Partido Socialista también anunció su intención de evaluar esta acción legal. La medida busca responsabilizar al ministerio por la reducción de penas a delincuentes sexuales.
La situación surge tras un aumento de casos de abuso infantil en el país, lo que ha generado un debate público sobre la justicia y la protección de menores. La reforma constitucional propuesta busca fortalecer las medidas preventivas y asegurar que los casos no se repitan. La presión sobre Rabat se intensifica con la posibilidad de una acusación formal, lo que podría marcar un cambio en la política judicial chilena.
