El ministro de Justicia chileno, Fernando Rabat, enfrenta creciente presión política tras su decisión de otorgar rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, Rabat defendió su postura, argumentando que quienes han tenido una omisión consciente no pueden reprochar. La medida ha generado controversia, con un 77% de rechazo según la encuesta Cadem.
Parlamentarios del oficialismo han pedido la salida de Rabat, señalando que su gestión ha sido mal recibida. El senador Gustavo Sanhueza, líder del bloque UDI, instó a los parlamentarios a respetar la voluntad del Presidente Sebastián Piñera de mantener al ministro. A pesar de la presión, Rabat se mantiene en su postura, afirmando que su decisión fue tomada con base en la ley.
La controversia se intensifica en un contexto de polarización política en Chile. La decisión de Rabat ha sido criticada por grupos de derechos humanos y organizaciones de defensa de la víctima. Aunque el ministro ha insistido en que su acción no es un favor a delincuentes, la percepción pública lo ve como un cuestionamiento de la justicia. La situación sigue siendo un punto de tensión en el gobierno, con debates abiertos en el parlamento.
