El ministro de Justicia chileno, Fernando Rabat, enfrenta una acusación constitucional por parte de la oposición. Esta decisión se tomó tras una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde se confirmó la intención de impulsar una investigación formal contra el funcionario. La causa surge tras la polémica generada por la reducción de condenas a delincuentes sexuales contra menores.
La oposición sostiene que las decisiones del ministro han sido inapropiadas y han generado controversia en el ámbito legal. Según informes, un 77% de la población rechaza la gestión de Rabat, según una encuesta realizada por la empresa Cadem. Esta cifra refleja el descontento generalizado hacia la política de condenas aplicada por el ministerio.
La situación se agrava con la presión interna dentro del oficialismo, donde algunos parlamentarios han pedido la salida del ministro. Aunque el Presidente Sebastian Kast ha defendido la permanencia de Rabat, la tensión sigue en aumento. El ministro se prepara para una exposición ante la Cámara, donde deberá defender sus decisiones. La acusación constitucional podría marcar un punto de inflexión en su carrera política.
