El Ministerio de Justicia confirmó que el gobierno analiza anular las resoluciones que dieron lugar a 56 libertades condicionales de personas acusadas de abusos sexuales a menores. Esta decisión se toma pese a que, la semana pasada, el Ejecutivo había descartado suspender los decretos ya ejecutados.
El anuncio surgió en medio de una creciente controversia en el sector judicial. El secretario de Estado en materia de Justicia enfrenta críticas por su manejo de la situación. En el Congreso, el miércoles se realizará una sesión especial que podría ser decisiva para su futuro político.
El debate se intensificó tras la publicación de un informe que reveló que 56 casos habían sido revisados y modificados, lo que generó descontento en el sector. Algunos legisladores han señalado que estas decisiones podrían afectar la seguridad pública.
La situación refleja una tensión entre la aplicación de la justicia y la presión social. Mientras el gobierno evalúa nuevas medidas, el secretario de Estado ha rechazado la posibilidad de renunciar a su cargo.
Este caso pone de relieve las complejidades de la justicia penal en materia de abusos sexuales. La decisión final dependerá de la evaluación del Ejecutivo y de la respuesta del Congreso.
