El gobierno chileno ha iniciado contactos con el oficialismo para abordar la controversia en torno al ministro de Justicia, Fernando Rabat. El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, admitió que el Ejecutivo enfrenta una "crisis grande" por la situación. Aunque no se ha confirmado formalmente una acusación constitucional contra Rabat, el gobierno reconoce que no ha logrado alinear a todos los parlamentarios en torno a una posible acción.
El Partido Nacional Libertario, por su parte, ha evitado exigir la renuncia de Rabat, a diferencia de otros sectores de la oposición y parte del oficialismo. Su líder, Johannes Kaiser, ha señalado que su enfoque se centra en criticar a la Corte Suprema, acusándola de haber emitido decisiones similares a las de Rabat. Esta postura ha generado diferencias dentro del ámbito político chileno, donde la presión por una posible acusación constitucional sigue en aumento.
La situación refleja una tensión interna en el gobierno, donde la falta de unidad entre los parlamentarios complica la respuesta frente a las críticas. Mientras algunos sectores exigen acciones claras contra Rabat, otros priorizan una crítica más amplia hacia instituciones judiciales. Esta divergencia podría influir en el desarrollo de la situación legal y política en el país.
