El ministro de Justicia chileno, Fernando Rabat, enfrenta una acusación constitucional por parte de la oposición, tras la polémica generada por la reducción de condenas a delincuentes sexuales contra menores. Esta decisión fue anunciada por parlamentarios de oposición tras una sesión especial en la Cámara de Diputados. La iniciativa se produce en medio de una fuerte crítica hacia la gestión del ministro, que ha sido cuestionada por su postura ante casos de violación infantil.
Un grupo de parlamentarios oficialistas había pedido la renuncia de Rabat, argumentando que su postura en casos de delitos sexuales contra menores debilita la institucionalidad del Presidente. La oposición, por su parte, ha confirmado que impulsará formalmente una acusación constitucional contra el ministro, lo que podría llevar a su destitución. Según una encuesta reciente, el 77% de la población rechaza la gestión de Rabat.
La situación ha generado una tensión política en el gobierno chileno. El líder de los senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, ha rechazado las solicitudes de renuncia del oficialismo, argumentando que la decisión del Presidente de mantener a Rabat en su cargo debe ser respaldada. Sanhueza ha advertido que la cuestión podría afectar las encuestas y la imagen del gobierno.
La acusación constitucional es un mecanismo legal que permite al Parlamento investigar la conducta de un funcionario público. En este caso, la oposición busca evaluar si las decisiones del ministro violan la Constitución chilena. La situación refleja una división interna en el gobierno, con sectores que apoyan a Rabat y otros que lo critican por su postura en casos sensibles.
